Hola, Aerotrastornados!
Nuestra experto legal de referencia, Pedro Carvalho, explica en un lenguaje asequible y lo más rigurosamente posible, enlazando cuando procede a fuentes oficiales de la propia Comisión Europea, lo que realmente ha dicho Bruselas sobre el tema de cobrar por el equipaje.
No. Europa no ha “avalado” a las aerolíneas. Tampoco ha dicho que cobrar por el equipaje de mano sea “perfectamente legal” como ha anunciado triunfalmente ALA en un comunicado.
Lo que Bruselas ha hecho hoy es abrir un procedimiento de infracción contra España, cuestionando la legalidad europea del marco normativo utilizado por el Ministerio de Consumo para imponer multas millonarias a varias aerolíneas de bajo coste. La diferencia es sutil, pero sustancial. Y conviene explicarla antes de que el humo de titulares interesados nuble lo esencial.
¿Qué ha ocurrido exactamente?
La Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno español:
es el primer paso de un procedimiento de infracción que, si no se resuelve, puede acabar
en una demanda formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El motivo: considera que la legislación española –o, más precisamente, su aplicación concreta– restringe indebidamente la libertad de las aerolíneas para fijar precios, vulnerando el
Reglamento (CE) 1008/2008, que establece la libertad tarifaria en el transporte aéreo dentro del mercado interior europeo.
En 2024, el Ministerio de Consumo sancionó con 179 millones de euros a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea) por prácticas consideradas abusivas: cobros por equipaje de mano, recargos por sentar juntos a familiares o acompañantes dependientes, y otras políticas que el departamento consideró contrarias a los derechos de los pasajeros.
Las aerolíneas recurrieron. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid concedió medidas cautelares que suspenden temporalmente las sanciones, pero sin pronunciarse aún sobre el fondo del asunto. Paralelamente, las compañías recurrieron a Bruselas. Y la Comisión, tras estudiar el caso durante meses, considera ahora que puede existir una contradicción (insisto en lo de «puede») entre la ley nacional aplicada y el derecho de la UE.
Pero atención: esto no anula las multas, no valida las prácticas de las aerolíneas y no establece jurisprudencia vinculante. Solo abre una disputa formal entre la Comisión Europea y un Estado miembro. Y el único órgano competente para zanjar esa disputa es el TJUE.
¿Qué dice exactamente la Comisión?
La Comisión considera que prohibir categóricamente el cobro de equipaje de mano, como parece hacer la legislación española según la interpretación de Consumo, interfiere con la libertad comercial de las aerolíneas, protegida por el Reglamento europeo.
Se basa en una sentencia del propio TJUE (asunto C-487/12, Vueling, 2014) que estableció un criterio claro: El transporte de equipaje de mano razonable, en términos de peso, dimensiones y requisitos de seguridad, debe considerarse un elemento indispensable del transporte aéreo y, por tanto, no puede ser objeto de recargo.
Pero añade también que cuando el equipaje excede esos límites razonables, el cobro sí entra dentro de la libertad tarifaria de la aerolínea. Y aquí está el verdadero núcleo del conflicto:
qué se entiende por “razonable” (y quién lo decide).
¿Qué dicen las aerolíneas? ¿Y por qué es problemático?
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa a más del 80 % del tráfico aéreo en
España, ha emitido este miércoles un comunicado triunfalista, asegurando que:
- “Europa da la razón a las aerolíneas”,
- “Cobrar por el equipaje de cabina es perfectamente legal”,
- “Consumo se saltó la legislación europea”.
Son afirmaciones inexactas, prematuras y, en algunos casos, tendenciosas y falsas.
Primero: Bruselas no ha emitido ninguna resolución ni ha dictaminado que las
prácticas de las aerolíneas sean legales o ilegales. Solo ha abierto un procedimiento para
estudiar si la norma española vulnera el marco europeo.
Segundo: decir que el cobro es “perfectamente legal” omite un matiz esencial: el TJUE ha dejado claro que el equipaje de mano razonable no puede someterse a recargo. Lo que es legal, si acaso, es cobrar por lo que excede ese umbral. Y ni siquiera ahí vale todo: deben respetarse principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación.
Tercero: afirmar que el Ministerio de Consumo actuó “al margen de la UE” es un juicio de valor no sustentado. El propio Consumo se apoya también en la sentencia del TJUE de 2014 para defender que ciertos bultos –por sus dimensiones o por su carácter esencial para el pasajero– deben ir incluidos en el precio sin recargos.
Por último, exigir “la retirada inmediata” de las sanciones es, además de jurídicamente improcedente (pues las causas están judicializadas), una intromisión política poco elegante.
En un Estado de Derecho, las resoluciones no se retiran por nota de prensa: se litigan en los tribunales.
¿Qué está en juego?
Lo que realmente se debate no es solo el cobro del equipaje de mano, sino el modelo de
relación entre aerolíneas, pasajeros y autoridades públicas.
El mercado aéreo low cost ha perfeccionado durante años una estrategia basada en precios base artificialmente bajos (en otra ocasión habrá que hablar de esta artificialidad y cómo se sustenta realmente) y recargos múltiples por casi cualquier elemento: maleta, asiento, embarque prioritario, cambio de nombre o hasta la impresión de tarjeta de embarque. Muchas de esas prácticas han generado confusión, desinformación y frustración entre los usuarios.
La defensa de Bruselas de la libertad tarifaria no debería ser interpretada como una carta blanca para las aerolíneas, sino como una exigencia de que los Estados regulen sin invadir competencias comunitarias. Pero eso no impide –y no debería impedir– que se regule con firmeza contra prácticas opacas o desproporcionadas, dentro del marco de la legalidad europea.
El verdadero vacío jurídico está en otra parte: la Unión Europea no ha definido aún con precisión qué es un “equipaje de mano razonable”. Esa omisión deja un campo abonado para los abusos, las interpretaciones sesgadas y los conflictos recurrentes.
Lo que pasará ahora
España tiene dos meses para responder a la carta de emplazamiento. Si la Comisión no se convence, emitirá un dictamen motivado. Si la discrepancia continúa, el caso llegará al TJUE, que podría:
- Desestimar la posición de Bruselas, dando la razón a España.
- Estimar parcialmente la queja, pidiendo ajustar la norma.
- Estimar totalmente la infracción, instando a España a modificar su marco legal e incluso imponiendo sanciones.
Mientras tanto, los tribunales españoles deberán pronunciarse sobre las sanciones impuestas. Y quizá, para resolver el fondo, planteen una cuestión prejudicial al TJUE.
Conclusión
Lo que se ha activado este miércoles no es una victoria judicial de las aerolíneas, sino una disputa legal en fase inicial. Presentarlo como si Bruselas hubiera dado la razón definitiva a Ryanair o Vueling no solo es inexacto, sino irresponsable desde el punto de vista comunicativo.
La apertura de un procedimiento de infracción no legitima automáticamente los recargos por equipaje de mano. Lo que está en juego es si el modo en que España los ha prohibido se ajusta o no al Derecho europeo.
Si algo debería exigir la Comisión –y también los pasajeros– es una regulación europea clara, con estándares comunes, medidas razonables y límites firmes a los recargos. Porque la mejor manera de proteger la libertad tarifaria no es blindar el modelo de negocio de las low cost, sino asegurar que la libertad del consumidor no se pierda entre asteriscos y letra pequeña.